La ley de Gabriel

“El gobierno funciona en un Estado de Derecho y la frontera entre lo bueno y lo malo en un Estado de Derecho es si se cumple o no la ley (…) la ética, en lo social, se expresa en la ley, que regula la forma de vivir en sociedad”. Estas palabras bien podrían haber sido pronunciadas por Gabriel Ruiz Tagle. En efecto, el subsecretario de deportes se resiste a desprenderse de sus acciones de Colo Colo, y su principal argumento es tan simplista como irritante: la ley me lo permite. Ni siquiera un documento de la Contraloría, que lo inhabilita para tomar decisiones relativas al fútbol profesional, lo ha hecho modificar su postura: ni vendo ni renuncio.

En todo caso, lo más lamentable es que las palabras citadas más arriba no son de Ruiz Tagle sino de Francisco Vidal. El ex-ministro las pronunció por allá por julio del 2005, al calor de un escándalo provocado por denuncias de nepotismo y corrupción durante el gobierno de Ricardo Lagos. La tesis de Vidal, que podríamos definir como positivismo rabioso, es exactamente idéntica a la de Ruiz Tagle: a los políticos les podemos pedir que cumplan la ley, pero no se nos ocurra pedirles que tengan un comportamiento correcto. Después de todo, ¿quién define qué es correcto y qué no? Así se refugian en la ley, tratando de convencernos de que toda acción permitida por la ley es, de por sí, correcta.

El detalle que parecen olvidar Ruiz-Tagle y Vidal es que ciertas conductas no están tipificadas por una razón muy sencilla: las buenas maneras no se imponen por ley. Es posible que a partir de este caso decida legislarse, y lo más probable es que los políticos nos presenten, en una ceremonia pomposa y republicana, la nueva normativa como un gran avance de nuestra democracia. Sin embargo, será todo lo contrario: cuando hay que regular comportamientos que antes eran considerados como evidentes hay mucho más retroceso que avance, pues significa que necesitamos de una ley para cumplir con lo mínimo. Por eso Montesquieu podía decir que las leyes abundan allí donde escasean las buenas costumbres. Dicho de otro modo: que al subsecretario de deportes le parezca normal ser al mismo tiempo accionista mayoritario del principal club de fútbol del país es un pésimo síntoma de nuestra situación.

Desde luego, la oposición puede vociferar cuanto quiera, pero lo cierto es que carece de toda autoridad moral. Ya vimos cómo Vidal sostenía la misma tesis cuando a la administración laguista le faltaba poco para contratar a la mascota en alguna asesoría imprescindible para la estabilidad de la república. Y la derecha, en aquella época, ponía el grito en el cielo arguyendo que lo justo no es lo mismo que lo legal. ¿Qué podemos esperar de esta clase política, que a ratos parece desconocer el principio de no contradicción, para no hablar de coherencia intelectual? Al final del día, izquierda y derecha están más de acuerdo de lo que parecen: no se trata tanto de pensar como de encontrar el argumento útil en el momento adecuado. Logran salir del paso —aunque ni eso es tan seguro—, pero el precio es alto: la discusión pública se degrada y la credibilidad del sistema político va sufriendo una merma lenta pero inexorable.

De cualquier modo, Ruiz-Tagle tiene un poderoso aliado en el Presidente. En efecto, mientras el subsecretario no venda, funciona como fusible, pues Piñera tampoco rebosa de ganas de vender su participación en Colo Colo. La inaudita obstinación muestra, una vez más, que al gobierno lo tienen sin cuidado los conflictos de interés: no ha sido capaz, en meses, de tomárselos en serio. De hecho, Colo Colo es sólo uno de ellos, y quizás el menos importante. Algunos guardábamos la esperanza de que el incidente Bielsa pudiera convencer al mandatario de lo inadecuado de la situación a la que se expone, pero todo indica que no fue suficiente. A estas alturas, lo único claro es que cuando el gobierno cambie de actitud no será por convicción sino por mera conveniencia. Porque no hay que ser un genio para prever que, más temprano que tarde, los costos políticos se harán insostenibles.

Acaso nadie haya expresado mejor la doctrina oficialista que Pablo Castillo, presidente de la Fundación de Ingenieros Comerciales UC, quien dijo hace algún tiempo, en un homenaje a Piñera, que la crítica de los conflictos de intereses esconde el “terrible germen de la mediocridad y la flojera”. Aunque quizás soy un poco flojo, y seguramente algo mediocre, quiero creer que la política exige ciertos deberes y cierto ethos, y que éstos no son incompatibles con las virtudes propias del trabajo. Es más bien todo lo contrario.

Publicado en El Mostrador el miércoles 21 de julio de 2010