Rehabilitar lo público

MODERNIZAR el Estado: tal parece ser la lección del caso Kodama. Por difícil que sea de concebir, es cierto: el Estado sigue siendo manejado con criterios del siglo XIX, y seguramente todos tenemos varias experiencias al respecto.

No es normal ni saludable que un asesor contratado a honorarios opere como jefe "de facto" del Ministerio de Vivienda, una de las carteras que más decisivamente influye en la vida de los chilenos. Eso habla mal de la ministra que le concedió mucho poder, pero también habla mal de las instituciones que lo permitieron. Acaso uno de los grandes fracasos de nuestra clase política pase por aquí: pese a las múltiples iniciativas, no ha existido ninguna voluntad por aplicar cirugía profunda al aparato público y, a pesar de los discursos rimbombantes, nadie ha estado dispuesto a pagar los costos.

Quizás no se dan cuenta, pero esta situación perjudica a todos los sectores políticos por igual, pues es virtualmente imposible impulsar cualquier transformación si no se cuenta con el instrumento adecuado.

Con el correr del tiempo, los síntomas se irán haciendo aún más graves. El Estado administra una cantidad creciente de recursos y debe relacionarse con actores privados negociando todo tipo de contratos. Es posible que esto sea normal en las economías contemporáneas, pero ocurre que los privados suelen estar mucho mejor preparados para negociar y quedarse con la mejor parte. Nuestro modelo económico tiene algunas virtudes y otros tantos defectos, pero su funcionamiento exige una condición ineludible, cual es la existencia de un Estado eficiente y sólido, al que no sea fácil pasarle goles y que distinga de modo nítido entre lo público y lo privado. Si ese requisito no se cumple, el liberalismo económico no es más que la excusa de unos pocos para apropiarse de lo común.

¿Cómo afrontar el problema? Es obvio que debe haber reglas claras y precisas, pero sería un error creer que el asunto se agota allí. Los procedimientos, y esta es otra lección del caso Kodama, siempre pueden saltarse, por más que les pese a los kantianos. La dimensión del problema que, creo, no debemos perder de vista, tiene que ver con una cuestión de orden cultural. Recordemos que el asesor de Magdalena Matte no sólo estaba a honorarios, no sólo carecía de funciones bien definidas (y, por tanto, de responsabilidades), sino que estaba a media jornada en el Minvu. Tomar decisiones clave en el ministerio por la mañana y ocuparse de sus asuntos privados por la tarde: si eso no es tomarse el servicio público como un mero pasatiempo, no sé qué pueda serlo.

Y si esto pudo pasar no es sólo porque falten reglas (que faltan), sino sobre todo porque no le hemos dado a lo público la jerarquía que se merece. Ni los gobiernos de la Concertación (que permitieron un obsceno paseo entre los mundos público y privado) ni la administración actual (que ha tenido enormes dificultades para trazar un límite nítido) se han tomado en serio este desafío crucial. Y mientras no seamos capaces de recrear una cultura de lo público, de rehabilitar las tareas colectivas y la vocación por lo común, me temo que todo esfuerzo por modernizar el Estado estará condenado al fracaso.

Publicado en La Tercera el miércoles 4 de mayo de 2011