Una buena noticia

La invitación que hicieron las instituciones agrupadas en el Consejo de rectores a las universidades privadas para integrarse a un sistema único de admisión es, sin duda, una muy buena noticia. Resultaba un tanto curioso el comportamiento de las universidades tradicionales, que monopolizaron para sí, durante años, la PSU y el proceso de admisión, como si se tratara de un bien privado. De hecho, fue esa obcecación la que terminó generando un sistema con dos niveles, con dos velocidades: una admisión de primera categoría, ordenada y civilizada, con criterios objetivos; y otro de segunda, con estudiantes acampando en la noche con tal de asegurarse un cupo en alguna parte. Y no se trata de que las universidades hayan sido tratadas más o menos bien -lo que quizás importaría poco-, sino de que los estudiantes fueran expuestos a una situación degradante si acaso no tenían el buen tino de elegir una tradicional.

Un poco por lo mismo resultó tan extraña la crítica de los rectores Pérez y Sánchez a la admisión de las privadas, pues ellos mismos habían contribuido -por acción u omisión- a generar esa realidad. Es obvio que la situación estaba alcanzando niveles inaceptables, pero era difícil corregirla mientras el Consejo de rectores no adoptara una actitud más dialogante. Dicho de otro modo, si el mercado universitario ha funcionado con tan escasa regulación es justamente porque, al excluir a las privadas de la toma de decisiones, se las excluyó también de la autorregulación colectiva. La marginación, en parte, terminó produciendo algo parecido a la ley de la selva.

En la educación superior hay bienes públicos en juego, bienes de la más alta importancia, y ya es hora de que todos los actores lo vayan tomando en serio. Por eso es muy positivo que todas las instituciones puedan, si quieren y cumplen con ciertos requisitos, integrarse a un sistema único de admisión. Desde luego, en esa lógica, las privadas también deben hacer un esfuerzo por hacerse cargo de su rol público. Por eso también resultó tan rara la entrevista al rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, donde dijo que su institución no tenía por qué rendir cuentas públicas a nadie, salvo a su fundación y a sus donantes privados. Es raro no sólo porque su institución recibe AFI -lo que la transforma, de un modo u otro, en deudora de la comunidad-, sino porque en esta materia no hay asuntos estrictamente privados, y toda universidad, por más privada que sea su propiedad, forma parte del espacio público por su esencia y por su función.

Sólo cabe esperar ahora que esta integración de las privadas al sistema de admisión no se transforme en un gallito estéril entre tradicionales y privadas para ver quién impone sus propios términos, sino que sea un primer paso hacia una modernización real de la educación superior. Modernización que supone terminar con la anacrónica estructura del Consejo de rectores, que sólo incluye a las universidades fundadas antes de 1981. También puede ser una oportunidad para, al fin, analizar con algo de seriedad si acaso la PSU ha cumplido los objetivos que llevaron a crearla, o si habría que pensar en otro instrumento. Asimismo, es quizás la ocasión para sincerar las cosas entre las mismas privadas, entre aquellas que lucran con su actividad y las que no. También es necesario estudiar el funcionamiento de la acreditación, respecto de la cual los rectores Pérez y Sánchez plantearon legítimas inquietudes. Por cierto, la educación técnica no puede quedar fuera de esta discusión, porque todo indica que allí hay enormes desafíos que enfrentar. Como se ve, las tareas pendientes en esta materia son múltiples y variadas; y, hasta ahora, no han sido objeto de una deliberación pública lo suficientemente sustantiva. La buena noticia es que podrían comenzar a serlo. Ya era hora.

*El autor aclara que es profesor de una universidad privada “no tradicional” y que sus opiniones son estrictamente personales.

Publicado en El Post el viernes 14 de enero de 2010